El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, envió una carta junto con otros quince fiscales generales exigiendo que el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, cumpla con su deber legal de trabajar con los estados para verificar la información de ciudadanía de los votantes registrados.
El 7 de octubre, el Procurador General Paxton envió una carta solicitando formalmente que el gobierno federal proporcionara cualquier información disponible sobre el estatus de ciudadanía de posibles no ciudadanos que se habían registrado para votar ilegalmente en Texas.
Adjunta había una lista de aproximadamente 450,000 personas que se habían registrado para votar sin proporcionar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación emitida por el estado de Texas, lo que significa que su estatus de ciudadanía nunca había sido verificado.
Estas acciones activaron oficialmente la obligación legal del gobierno federal de cumplir con la solicitud. Otros estados también han exigido los datos necesarios para verificar el estatus de ciudadanía de las personas en sus listas de votantes.
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Sin embargo, la Administración Biden-Harris no ha brindado a los estados acceso a las bases de datos federales necesarias para garantizar la exactitud de sus listas de votantes al identificar si algún no ciudadano se ha registrado ilegalmente para votar. Si bien es un delito que los no ciudadanos se registren para votar, los tribunales han interpretado que la ley federal impide que los estados exijan prueba de ciudadanía como requisito previo para el registro.
Por lo tanto, el gobierno federal debe cumplir con la ley y proporcionar la información solicitada de manera oportuna para garantizar la integridad de las elecciones estadounidenses.
La carta al Secretario Mayorkas dice: “A pesar de su obligación federal, su oficina ha proporcionado respuestas tardías e inadecuadas a las solicitudes de varios de los estados abajo firmantes de asistencia para verificar la información del registro de votantes. Estamos profundamente preocupados por la negativa del DHS a otorgar acceso a su base de datos del Servicio de Consulta Centrado en la Persona (PCQS) debido a su afirmación sin fundamento de que la información no es "apropiada" para verificar a los votantes registrados. El mandato legal del DHS de proporcionar información a los estados no depende de la opinión del DHS sobre cuán útil puede ser esa información”.
“La Administración Biden-Harris se ha negado a respetar la ley. Están legalmente obligados a ayudar a los estados en sus esfuerzos por garantizar que los no ciudadanos no estén registrados para votar o no emitan su voto en las elecciones estadounidenses”, dijo el Fiscal General Paxton. "El secretario Mayorkas debe a todos los estados la información solicitada sin demora".
