La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia provocada tanto por las fuerzas de seguridad como los manifestantes en las protestas antigubermantales de Perú, en las que han fallecido medio centenar de personas en el último mes.
LIMA, Perú - Una mujer murió y otra persona resultó herida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que se presentaron este miércoles en la ciudad de Macusani, en la región peruana de Puno (sur), donde también se reportó que la sede judicial y la comisaría fueron incendiadas.
Esta nueva muerte en el sur del país elevó a 52 el total de fallecidos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado en todo Perú.
El Hospital San Martín de Porres de Macusani informó, en un comunicado, que la víctima mortal es una mujer de unos 35 años y que otro hombre de 30 fue ingresado con pronóstico reservado tras presentar "un traumatismo torácico abierto".
La fallecida fue identificada como Sonia Aguilar Quispe, pobladora del distrito de Ayapata, y el herido como Salomón Valenzuela Chua.
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"Actualmente el personal de salud viene garantizando la atención oportuna a la persona herida que permanece internada en el nosocomio, invocamos a la población a mantener la calma y evitar situaciones que pongan en riesgo su vida e integridad física", concluyó el comunicado.
Medios locales señalaron que durante la tarde de este miércoles se presentaron enfrentamientos en Macusani entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que incluyeron el ataque a la sede judicial y la comisaría de esa localidad, que han sido incendiadas.
Imágenes difundidas durante la noche mostraron la comisaría de Macusani en llamas, de donde se indicó que los agentes fueron retirados por un helicóptero, así como del fuego en las instalaciones del Poder Judicial
Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró al canal N que el juzgado mixto y penal de Macusani "ha sido incendiado, le han prendido fuego a los expedientes".
Arévalo denunció que ve "un patrón" de ataques a instituciones de seguridad y la Judicatura durante las protestas antigubernamentales desde que comenzaron en diciembre.
"Es un patrón que yo veo, que atacan el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía, pareciera que alguien persigue destruir la actuación de la Justicia y la investigación para ocultar algo y eso es preocupante", remarcó.
El presidente de la Judicatura remarcó que los ciudadanos "pueden reclamar sus derechos", por consideró que "no son los que están detrás de estos actos".
Sostuvo que ataques similares se han presentado en otras regiones sureñas como Cuzco, Apurímac o Ayacucho, y le pidió a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, "que tome medidas, no represivas, no de sacar y disparar contra la gente, sino que tiene que buscar el justo equilibrio y poner orden" en el país.
Hasta el momento, las protestas han dejado 42 manifestantes y un policía muertos, mientras que otras nueve personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y manifestaciones.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales para este año y a una asamblea constituyente.
LA CIDH CONDENA LA VIOLENCIA EN AMBOS LADOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la violencia provocada tanto por fuerzas de seguridad como manifestantes en las protestas antigubermantales de Perú, en las que han fallecido medio centenar de personas en el último mes.
El vicepresidente de la CIDH y relator del organismo para Perú, Edgar Stuardo Ralón, rindió ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe de la visita hecha al país andino del 11 al 13 de enero.
"Condenamos todo tipo de violencia. Ha habido violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos y privados", expresó el comisionado.
La crisis arrancó el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue arrestado tras intentar disolver el Congreso, formar un Gobierno de excepción y abrir un proceso constituyente.
Desde entonces, las protestas contra el nuevo Gobierno de Dina Boluarte se han cobrado la vida de al menos 47 personas, entre ellas siete adolescentes, además de haber dejado más de 700 heridos, según la CIDH.
El relator de la CIDH pidió al Ejecutivo peruano que lleve a cabo "investigaciones serias e imparciales" sobre estas muertes, y exigió a las fuerzas de seguridad peruanas que cuando intervengan en las protestas lo hagan con "legalidad y proporcionalidad".
A la vez, subrayó que "la violencia no es parte del derecho de protesta", y pidió que las manifestaciones se hagan "de manera pacífica".
Ralón identificó como origen de la larga crisis política que vive el país algunos preceptos constitucionales como la capacidad del Congreso para destituir el presidente y el poder del presidente para disolver el Congreso, los cuales pidió que sean reformados con "parámetros claros".
Solicitó evitar la "estigmatización" de ciudadanos de origen aimara que participan en las protestas y que han sido tachados de "terroristas" o "indios".
Y finalmente exhortó a un "diálogo amplio" de país con respeto a los derechos humanos y en el que "todas las voces sean escuchadas".
PERÚ RESPONDE
Paul Fernando Duclos, representante del Gobierno peruano, intervino en la sesión para aclarar que las muertes en la protestas están siendo investigadas por las autoridades y para reivindicar que Perú tiene "un compromiso permanente con la protección de los derechos humanos".
Duclos admitió que el país tiene "una deuda histórica con sectores de la población marginados por años" en zonas indígenas, pero a la vez denunció que dentro de las protestas hay personas asociadas al crimen organizado con un "deliberado propósito de destrucción".
"El Gobierno de Boluarte es plenamente consciente de la situación", dijo el funcionario, quien prometió el "esclarecimiento de la verdad" con "transparencia".
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que no se pueden tolerar los actos de vandalismo pero "mucho menos" la represión de protestas, especialmente de personas históricamente marginadas.
"Urge que apoyemos a los peruanos a poner las llaves que abren las puertas del diálogo y del reconocimiento del que piensa diferente", expresó.
La representante de México ante la OEA, Luz Elena Baños, fue la más dura con el Gobierno peruano, pues rechazó "el uso desproporcionado de la fuerza" contra manifestantes y exigió que "se respeten" los derechos de Castillo.
Dijo además que México mantendrá relaciones diplomáticas con Perú a pesar de que Boluarte decidió "sin reciprocidad" declarar persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy.
