BUENOS AIRES — La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner acusó el viernes a los fiscales que han pedido que sea condenada a 12 años de cárcel por presunta corrupción de sostener “increíbles mentiras” durante el juicio que enfrenta.
A su vez sostuvo que se encuentra en un estado de indefensión del que responsabilizó a la justicia y a los medios de comunicación.
La vicepresidenta solicitó al tribunal que la juzga que investigue el proceder de los procuradores, a los que acusó de ser unos fabuladores.
LA FISCALÍA PIDE 12 AÑOS DE CÁRCEL POR PRESUNTA CORRUPCIÓN
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“Quiero hacer un formal pedido al tribunal para que al finalizar las audiencias se extraiga testimonio de cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con las pruebas periciales y testimoniales que tuvo este juicio”, dijo la expresidenta (2007-2015) al ejercer su defensa en una audiencia efectuada de forma virtual.
Los fiscales pidieron en agosto una condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras acusarla de liderar una organización delictiva que adjudicó de forma irregular durante su mandato unas 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado.
También la acusaron de una defraudación al Estado por cerca de $1,000 millones a raíz de esas supuestas maniobras irregulares.
Los presuntos desmanejos en la adjudicación de obras también se habrían producido durante el mandato de Néstor Kirchner, el fallecido esposo y antecesor de la dirigente peronista que gobernó entre 2003 y 2007.
La vicepresidenta, quien tiene derecho como abogada a ejercer su propia defensa, intervino en la audiencia judicial 22 días después de ser víctima de un fallido atentado en las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires por el que cuatro personas están detenidas.
Fernández de Kirchner sostuvo que la acusación de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó obras “no tiene ni pies ni cabeza” y es “inconstitucional, antirrepublicana y antifederal”.
También cuestionó que los fiscales usaron “como prueba de delitos decretos aprobados por el Parlamento” que dieron luz verde al presupuesto para las obras.
“Han traído de los pelos este juicio porque a la que tenían que traerme de los pelos era a mí y para eso trajeron de los pelos a la constitución, al Código Civil, a la jurisprudencia, al sentido común, a todo”, sostuvo la vicepresidenta.
A su vez, al aludir al frustrado atentado que sufrió el 1 de septiembre, la dirigente dijo “así como vamos, vamos mal. La Argentina no sale con este Poder Judicial. ¿Yo, impunidad?... Yo me siento en estado de indefensión”.
La exmandataria recordó que en marzo su despacho en el Senado -cámara que preside por ser la vicepresidenta- “fue destruido durante más de 40 minutos de apedreadas” por parte de manifestantes que protestaban contra la política económica “sin que ninguna fuerza de seguridad local o nacional lo impidiera”.
Dijo además que el día que los fiscales pidieron la condena de cárcel algunos canales de televisión mostraban la puerta del edificio donde reside. “Es la única puerta que se conoce en la Argentina... ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro”, afirmó la exmandataria.
La dirigente peronista consideró además que el grupo de detenidos no habría ideado intelectualmente el ataque .
Este es el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de pena contra ella. Otras investigaciones han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.
La vicepresidenta dijo que las acusaciones de las que es objeto fueron armadas por opositores en connivencia con sectores del Poder Judicial para perseguirla y sacarla del escenario político, argumento que sostiene todo el oficialismo, incluido el presidente Alberto Fernández.
En la causa sobre el supuesto direccionamiento de obras, iniciada en 2016, se investiga si hubo licitaciones manipuladas, sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Los fiscales dijeron que esta es “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.
La defensa de la exmandataria afirmó en tanto que las pruebas de la fiscalía son falsas. Su abogado Carlos Belardi dijo que su defendida “jamás impartió ninguna directiva vinculada” a las 51 obras adjudicadas a las empresas de Báez.
También sostuvo que no existen elementos de prueba que indiquen que el Estado hubiera pagado trabajos no realizados.
En caso de ser condenada Fernández de Kirchner puede apelar la sentencia ante distintas instancias judiciales en un proceso que puede estirarse años. La ley no le impide presentarse a cargos públicos en las elecciones generales de 2023 hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie de manera definitiva.
