MCALLEN, TEXAS - El Departamento de Justicia pidió el viernes a la Corte Suprema federal que ordene a Texas que deje de bloquear el acceso de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a una parte de la frontera entre Estados Unidos y México por la que han cruzado en los últimos meses un gran número de migrantes, lo cual prepara el terreno para otro enfrentamiento entre el gobernador republicano Greg Abbott y el gobierno del presidente Joe Biden sobre la aplicación de las leyes de inmigración.
La petición se da después de que Texas colocara vallas para asumir el control de un parque público de casi 20 hectáreas (50 acres) junto al río Bravo (o Grande) en la ciudad de Eagle Pass, que el año pasado fue un punto de paso para miles de migrantes que ingresaron desde México.
A lo largo de un tramo, miembros armados de la Guardia Nacional de Texas y sus vehículos impiden a los agentes de la Patrulla Fronteriza acceder al río, señaló el Departamento de Justicia en documentos presentados ante la corte.
La Guardia Nacional de Texas presuntamente también utilizó un Humvee militar para impedir que los agentes fronterizos usaran un camino de acceso.
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“Debido a que la Patrulla Fronteriza ya no puede acceder ni ver este tramo de la frontera, Texas ha impedido de facto que la Patrulla Fronteriza vigile la frontera”, declaró el Departamento de Justicia en un documento.
Abbott dijo a los periodistas el viernes que Texas tiene la autoridad para controlar el acceso a cualquier lugar geográfico del estado.
“Esa autoridad se está haciendo valer”, manifestó.
El cierre del Shelby Park representa un incremento en las medidas policiales en la frontera ordenadas por el gobernador, conocidas como Operación Estrella Solitaria.
Texas y el gobierno de Biden están enfrascados en varias disputas jurídicas en torno a las acciones que el estado ha tomado desde 2023, entre ellas el uso de boyas en medio del río internacional, la instalación de alambre de púas, y una ley que permitirá a la policía detener a los migrantes.
Abbott defendió el cierre del parque mientras enfrentaba críticas de los demócratas por declarar la semana pasada a la conductora radiofónica conservadora Dana Loesch que Texas ha hecho de todo para frenar los cruces no autorizados, excepto dispararle a las personas.
Loesch le preguntó a Abbott qué tan lejos podrían llegar las acciones del estado en la frontera antes de que alguien pudiera arrestarlo a él.
“Lo único que no estamos haciendo es dispararles a las personas que cruzan la frontera porque desde luego que el gobierno de Biden nos acusaría de homicidio”, dijo mientras hablaba sobre una demanda interpuesta por la ciudad de Nueva York contra empresas de alquiler de autobuses que él ha usado para transportar a migrantes desde Texas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México condenó esos comentarios, diciendo que podrían generar violencia y son inhumanos para los migrantes.
Abbott dijo el viernes que él distinguía entre lo que Texas puede y no puede hacer en la frontera. “Me pidieron que indicara dónde se ubica el límite con lo que sería ilegal y señalé algo que obviamente es ilegal”, señaló.
Texas notificó el miércoles al gobierno de Eagle Pass que el Departamento de Seguridad Pública cerraría el acceso del público al Shelby Park.
Los temores se agudizaron cuando la Patrulla Fronteriza hizo notar que también había perdido el acceso al parque, desde el cual sus agentes parten en botes para vigilar el río.
El área también servía como punto de reunión, en el que los oficiales federales tomaban bajo custodia a los migrantes y los procesaban. Además se restringió el acceso de la Patrulla Fronteriza al sitio para realizar labores de vigilancia.
En la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia ante la Corte Suprema se indica que los agentes ya no pueden ingresar a una franja de 2.5 millas de la frontera en la región.
La denuncia forma parte de la demanda del gobierno federal por el alambre de púas que el estado instaló a lo largo de unas 30 millas cerca de Eagle Pass.
El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza —el sindicato de agentes de ese organismo— elogió la acción del estado.
“Al asumir el control de un área donde tantos extranjeros ilegales simplemente se entregan, está dándole libertad a los agentes de la Patrulla Fronteriza para que patrullen áreas con grandes números de extranjeros ilegales que intentan escapar al arresto”, manifestó el sindicato en un mensaje en la red social X.
En 2022, una granja de nueces de Texas quedó en medio de una disputa similar entre Abbott y el gobierno de Biden, cuando el Departamento de Seguridad Pública del estado incursionó sin el consentimiento del propietario y revocó un contrato de arrendamiento entre éste y la Patrulla Fronteriza.
Las políticas de Texas han sido cuestionadas no sólo por críticos externos, sino también internamente, luego de que el relato de un policía estatal sobre denegar acceso a agua y atención médica urgente a migrantes llegó a los titulares noticiosos en julio.
