EL PASO, Texas — En su frontera con México, Estados Unidos logró voltear con relativa calma la página de las restricciones a la inmigración impuestas durante la pandemia, mientras los migrantes se adaptan a las nuevas y estrictas normas destinadas a desalentar los cruces ilegales y esperan que se cumpla la promesa de nuevas vías legales de entrada al país.
Un día entero después de que se eliminaran las normas conocidas como Título 42, migrantes y funcionarios gubernamentales seguían evaluando los efectos de la nueva normativa del gobierno del presidente Joe Biden con la esperanza de estabilizar la región fronteriza y socavar a los contrabandistas que cobran a los migrantes para llegar allí.
Ahora, Estados Unidos básicamente prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en el país si no lo pidieron antes en línea o si no buscaron protección primero en los países por los que viajaron.
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Las familias a las que se les permita ingresar conforme avanzan sus casos migratorios serán sometidas a toques de queda y monitoreo por GPS.
Y a partir de ahora, quienes ya hayan sido expulsados de Estados Unidos enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como enfrentar posibles cargos penales.
Al otro lado del río Bravo, en Ciudad Juárez, México, muchos migrantes miraban sus celulares con la esperanza de obtener una codiciada cita para poder entrar en Estados Unidos.
La app para registrarse cambió esta semana, y ahora ofrece citas para el ingreso de migrantes por pasos terrestres.
Muchos migrantes en el norte de México se mostraron resignados a esperar una cita en lugar de acercarse a la frontera sin autorización.
“Espero que sea un poco mejor y que las citas se agilicen un poco más”, comentó Yeremy Depablos, una venezolana de 21 años que viaja con siete primos y que ha estado esperando en la ciudad mexicana por un mes. Por temor a ser deportada, Depablos no quiso cruzar sin autorización. “Hay que hacerlo de la manera legal”.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense aseguró que no se había producido ningún aumento sustancial de inmigrantes, pero el viernes en el sur de México, los migrantes —entre ellos niños— seguían acudiendo en masa a las vías férreas en Huehuetoca, desesperados por abordar los trenes de carga que se dirigían hacia Estados Unidos.
Las vías legales que ahora promueve el gobierno estadounidense consisten en un programa que permite el ingreso de hasta 30,000 personas al mes procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela siempre y cuando presenten su solicitud en línea, cuenten con un patrocinador financiero e ingresen por vía aérea.
Se están abriendo un centenar de centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y otros lugares para que los migrantes soliciten permiso para ingresar a Estados Unidos, España o Canadá.
Cerca de 1,000 personas pueden entrar a diario por cruces terrestres desde México, siempre y cuando consigan una cita mediante la app.
Si funciona, el sistema podría alterar fundamentalmente la forma en que los migrantes llegan a Estados Unidos.
Pero Biden, que se postula para la reelección, es objeto de críticas tanto de defensores de los inmigrantes —quienes aseguran que el presidente está abandonando métodos más humanitarios— como de los republicanos, que afirman que está adoptando una postura blanda respecto a la seguridad en la frontera.
Dos impugnaciones judiciales se ciernen ya sobre las nuevas restricciones de asilo.
El Título 42 estuvo en vigor desde marzo de 2020 y permitió a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.
Sin embargo, luego de que Estados Unidos declaró el fin de la emergencia nacional, tales restricciones debían terminar.
Aunque el Título 42 impidió a muchos pedir asilo, no acarreaba consecuencias legales con una expulsión, lo que alentaba los intentos reiterados de ingreso. Eso cambió bajo las nuevas reglas.
El viernes en El Paso, unas cuantas decenas de migrantes permanecían frente a la Iglesia del Sagrado Corazón y el refugio donde apenas el martes acamparon casi 2,000 migrantes.
El reverendo Daniel Mora indicó que la mayoría de los migrantes hicieron caso de los volantes distribuidos esta semana por las autoridades de inmigración de Estados Unidos que ofrecían una “última oportunidad” para someterse a procesamiento y se fueron.
El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, dijo que 1,800 migrantes se entregaron el jueves a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés).
Melissa López, directora ejecutiva de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados en El Paso, dijo que muchos migrantes han estado dispuestos a seguir el camino legal creado por el gobierno estadounidense, pero que también existía el temor a la deportación y a posibles sanciones penales para quienes cruzan la frontera sin autorización legal.
