WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su gobierno ampliará el acceso a Medicaid y Obamacare para beneficiarios de DACA.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos propondrá en breve una regla que modifica la definición de “presencia legal”, a efectos de la cobertura de Medicaid y la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, para incluir a los beneficiarios de DACA.
Si se finaliza, la regla hará que los beneficiarios de DACA sean elegibles para estos programas por primera vez.
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Según la regla propuesta, los beneficiarios de DACA podrán solicitar cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos, donde pueden calificar para asistencia financiera según los ingresos, y a través de su agencia estatal de Medicaid.
Al igual que todos los demás afiliados, la información de elegibilidad se verificará electrónicamente cuando las personas soliciten cobertura.
Además, la hoja informativa de la Casa Blanca insta al Congreso a proporcionar un camino legal a la ciudadanía para Dreamers, y comparte recursos/programas federales a los que los beneficiarios de DACA pueden acceder actualmente para atención médica y otros servicios gubernamentales.
Esta medida permitirá que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), aprobada por el expresidente Barack Obama en 2012, tengan acceso a los seguros médicos financiados por el gobierno.
El programa DACA estaba pensado para proteger de la deportación a los migrantes sin permiso de residencia a los que sus padres llevaron cuando eran niños y permitirles trabajar de forma legal en el país. Sin embargo, no podían acceder a los programas de seguro médico subvencionados por el gobierno porque no cumplían el requisito de tener una “presencia legal” en Estados unidos. Eso es lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden intentará cambiar a final de mes.
La acción de la Casa Blanca se produce en un momento en que el DACA enfrenta desafíos legales y el número de beneficiarios se reduce.
Se estima que 580,000 personas seguían enroladas en el programa a finales del año pasado, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, una cifra inferior a la de años anteriores. Las órdenes judiciales impiden que el Departamento de Seguridad Nacional procese actualmente nuevas solicitudes. El programa lleva años inmerso en desafíos legales, mientras que el Congreso no ha podido alcanzar un consenso para aprobar reformas migratorias más amplias.
Los beneficiarios de DACA pueden trabajar de forma legal y pagar impuestos, pero no tienen estatus legal y se les niegan muchas de las prestaciones a las que pueden acceder los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que viven en el país.
En los últimos años, durante la pandemia del coronavirus, millones de personas se apuntaron a Medicaid, el programa que ofrece cobertura sanitaria a los estadounidenses más pobres. El gobierno incrementó los subsidios federales para reducir el costo de los planes de salud comerciales según la ley de atención médica pública. El año pasado, solo el 8% de los estadounidenses no tenía seguro médico, según el HHS.
Pero ni los beneficiarios del DACA ni quienes están en el país sin la documentación pertinente pueden unirse a estos programas financiados con fondos federales. Casi la mitad de los alrededor de 20 millones de inmigrantes en esta situación no tienen seguro médico, según una investigación de la Kaiser Family Foundation.
