NUEVA YORK - El juez de Nueva York, Juan M. Merchán, que supervisa el caso de pago por silencio del presidente electo Donald Trump señaló el viernes que no habrá sentencia la próxima semana, como estaba programado, y que aceptará los argumentos legales de la defensa de Trump sobre por qué el caso debería ser desestimado ahora que es presidente electo.
La sentencia estaba programada para el 26 de noviembre. No se ha fijado una nueva fecha para una posible sentencia, lo que la retrasa indefinidamente.
El juez ha pedido al equipo de defensa que presente su moción de desestimación antes del 2 de diciembre y los fiscales de la Fiscalía del Distrito de Manhattan tendrán hasta el 9 de diciembre para responder.
En mayo, Trump fue declarado culpable en Nueva York de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, que según los fiscales fueron un intento de encubrir un pago para silenciar a sus seguidores justo antes de las elecciones presidenciales de 2016. Trump ha negado repetidamente las acusaciones.
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En una presentación judicial el martes, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan se opuso a desestimar el caso de Trump, pero los fiscales expresaron su disposición a retrasar su sentencia hasta después de su próximo mandato.
“Tenemos importantes intereses constitucionales en pugna: el cargo de presidente y todas las complicaciones que conlleva, y por otro lado, la santidad del veredicto del jurado”, dijo el fiscal de distrito demócrata Alvin Bragg el miércoles mientras hablaba con la Comisión Ciudadana contra el Crimen, un grupo cívico local.
El miércoles, los abogados de Donald Trump exigieron a través de una carta que el juez que presidió su juicio y condena por sobornos en Nueva York desestime el caso de inmediato, afirmando que de lo contrario sería "excepcionalmente desestabilizador para el país".
"La desestimación inmediata de este caso está ordenada por la Constitución federal, la Ley de Transición Presidencial de 1963 y los intereses de la justicia, a fin de facilitar la transición ordenada del poder ejecutivo tras la abrumadora victoria del presidente Trump en las elecciones presidenciales de 2024", argumentaron los abogados Todd Blanche y Emil Bove en una carta al juez Juan Merchán que se hizo pública el miércoles. La carta también citó la inmunidad presidencial como motivo para desestimar el caso, y sostuvo que Trump ya está protegido por ella.
"La Constitución prohíbe colocar en manos de un solo fiscal y gran jurado el poder práctico de interferir con la capacidad de un presidente elegido popularmente para llevar a cabo sus funciones constitucionales", dice la carta, citando un memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, antes de pasar al argumento legal novedoso de los propios abogados. "Así como un presidente en funciones es completamente inmune a cualquier proceso penal, también lo es Trump como presidente electo", dice la carta.
Trump recuperó la Casa Blanca hace una semana, pero la cuestión legal se refiere a su condición de expresidente, no de presidente inminente.
De qué es el caso
Un jurado condenó a Trump en mayo por falsificar registros comerciales relacionados con un pago de $130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. El pago fue para comprar su silencio sobre las afirmaciones de que tuvo relaciones sexuales con Trump.
Trump dice que no lo hicieron, niega haber actuado mal y sostiene que el procesamiento fue una táctica política destinada a dañar su última campaña.
Poco más de un mes después del veredicto, la Corte Suprema dictaminó que los expresidentes no pueden ser procesados por acciones que tomaron mientras gobernaban el país, y los fiscales no pueden citar esas acciones ni siquiera para reforzar un caso centrado en asuntos puramente personales.
Los abogados de Trump citaron el fallo para argumentar que el jurado que pidió silencio obtuvo algunas pruebas que no debería tener, como el formulario de declaración financiera presidencial de Trump y el testimonio de algunos asesores de la Casa Blanca.
Los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que la evidencia en cuestión era sólo “una porción” de su caso.
La condena penal de Trump fue la primera para cualquier expresidente. Dejó al mandatario de 78 años enfrentando la posibilidad de recibir castigos que van desde una multa o libertad condicional y hasta cuatro años de prisión.
El caso se centró en cómo Trump justificó el reembolso a su abogado personal del pago a Daniels.
El abogado, Michael Cohen, adelantó el dinero. Posteriormente lo recuperó mediante una serie de pagos que la empresa de Trump registró como gastos legales. Trump, para entonces en la Casa Blanca, firmó él mismo la mayoría de los cheques.
Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo encubrir el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes escuchen afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.
Trump dijo que a Cohen se le pagó legítimamente por sus servicios legales y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.
Trump era un ciudadano privado (hacía campaña para presidente, pero no fue elegido ni juró) cuando Cohen le pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando Cohen recibió el reembolso, y Cohen testificó que discutieron el acuerdo de pago en la Oficina Oval.
Trump ha estado luchando durante meses para revocar el veredicto y ahora podría intentar aprovechar su condición de presidente electo. Aunque fue juzgado como un ciudadano privado, su próximo regreso a la Casa Blanca podría impulsar a un tribunal a intervenir y evitar el espectáculo sin precedentes de sentenciar a un ex y futuro presidente.
Si bien instó a Merchan a rechazar la condena, Trump también ha estado tratando de llevar el caso a un tribunal federal. Antes de las elecciones, un juez federal dijo repetidamente que no a la medida, pero Trump apeló.
